Explotacion de Litio: Fallo de la corte obliga al gobierno jujeño a realizar audiencia publica

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió convocar para el 28 de marzo, a las 10, a una audiencia pública a la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos y a las restantes comunidades demandantes que –según sostienen- habitan las Salinas Grandes en los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la Provincia de Jujuy y La Poma y Cobres de la Provincia de Salta, y al gobernador de la Provincia de Jujuy, que se celebrará en la sede del Tribunal en el marco de la causa C.1196.XLVI “Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo”, en trámite ante la Secretaría de Juicios Originarios.

La decisión se sustenta en la denunciada omisión deconsulta previa, información y participación de las comunidades en que habrían incurrido las autoridades jujeñas en los expedientes en trámite en la órbita provincial, en los que se habrían otorgado permisos de exploración y explotación de litio y borato en los departamentos antedichos.

El fallo:

Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011

Autos y Vistos; Considerando:

Que la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y las demás individualizadas en el escrito de inicio y en el de fs. 240/242, deducen acción de amparo, a fin de que se condene a arbitrar las medidas necesarias para hacer efectivos sus derechos de participación y consulta, y, en consecuencia, puedan expresar el consentimiento libre, previo e informado sobre los programas de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Manifiestan que pretenden hacer efectivos sus derechos en los expedientes administrativos en trámite, en los que se otorgaron permisos de exploración y explotación de litio y borato en la zona de la sub cuenca Laguna de Guayatayoc-Salinas Grandes, en razón de la omisión de consulta previa, información y participación en que incurrieron las autoridades locales respecto de las comunidades.

Indican que viven desde tiempo inmemorial en la zona, y que las salinas constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, que les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción.

Asimismo, solicitan que se ordene el dictado de una medida cautelar por la cual se ordene abstenerse de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo o exploración y explotación minera en la zona de riesgo en cuestión, especialmente las referidas a litio y borato, así como también que se suspenda la ejecución de los permisos ya otorgados.

Fundan su pretensión en los artículos 16, 41, 75, incisos 17 y 18 de la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos enunciados en el inciso 22 de ese precepto, en el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT y en los artículos 1°, 2°, 4° y 31 de la Ley General del Ambiente, 25.675.

Que la omisión de consulta previa, información y participación en que —según se denuncia— habrían incurrido las autoridades locales en los expedientes administrativos en trámite, en los que se habrían otorgado permisos de exploración y explotación de litio y borato en las zonas de Cochinoca y Tumbaya, exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 330:111, 4134 y 331:2925).

Ello es así, pues le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados (conf. causas citadas precedentemente; Fallos: 328:1146).

De tal manera, de acuerdo a lo que surge de los elementos incorporados al proceso, y en el marco de la intervención asumida por el Tribunal en las causas “Lavado, Diego Jorge y otros c/ Mendoza, Provincia de y otro” (Fallos: 330:111), “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra —Provincia del Chaco—” (Fallos: 330:4134) y “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional” (Fallos: 331:2925), se dispondrá en el caso la comparecencia a una audiencia pública de las comunidades demandantes y del señor gobernador de la Provincia de Jujuy. Ello, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida en relación a la competencia de esta Corte para entender en el caso por vía de la instancia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional, y a la condición de partes que pudieran revestir los demás codemandados.

Por ello, oída en esta instancia la señora Procuradora Fiscal, y sin perjuicio de la decisión que en definitiva se adopte, se resuelve: Convocar a una audiencia a realizarse en la sede de esta Corte el 28 de marzo de 2012 a la hora 10, en la cual los citados deberán expedirse en forma oral y pública ante el Tribunal sobre la situación que se denuncia. Notifíquese a la actora por cédula, y al señor gobernador de la Provincia de Jujuy mediante oficio. Comuníquese al señor Procurador General y al señor Defensor Oficial ante esta Corte. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI.

ES COPIA

Parte actora: Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos; Cominidad Aborigen de San Francisco de Alfarcito; Comunidad Aborigen del Distrito de San Miguel de Colorados; Comunidad Aborigen de Aguas Blancas; Comunidad Aborigen de Sianzo; Comunidad Aborigen de Rinconadilla; Comunidad Aborigen de Lipan; Organización Comunitaria Aborigen “Sol de Mayo”; Comunidad Aborigen de Pozo Colorado-Departamento Tumbaya; Comunidad Aborigen de Santa Ana, Abralaite, Río Grande y Agua de Castilla; Comunidad Aborigen El Angosto Distrito El Moreno; Comunidad Aborigen Cerro Negro; Comunidad Aborigen de Casa Colorada; Comunidad Esquina de Guardia; Comunidad Indígena Atacama de Rangel; Comunidad Aborigen de Cobres; Comunidad Likan Antai Paraje Corralitos; Comunidad Aborigen de Tipan; Comunidad Aborigen Sayate Oeste, Departamento Cochinoca; Comunidad Aborigen de Quebraleña Pueblo Kolla-Departamento Cochinoca; Comunidad Aborigen de Santa Ana de la Puna; Comunidad Aborigen Cochagaste; señor Jorge Luis Mamani, en representación del Pueblo Kolla de la Provincia de Jujuy, en su carácter de integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI); todas ellas representadas por sus apoderados, doctores Alicia Chalabe y Enrique Oyharzabal Castro, con el patrocinio letrado de los doctores Rodrigo Solá y Lorena María Gutiérrez Villar.

Parte demandada: Provincias de Jujuy y Salta, y el Estado Nacional.

Defensor Público ante la CSJN: doctor Julián Horacio Langevin, en representación de los menores que integran las comunidades involucradas.

Amicus Curiae: Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), representada por su presidente, señor Adolfo Pérez Esquivel.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales, representada por su apoderada, doctora María Eugenia Di Paola, con el patrocinio letrado de los doctores Carina Quispe, Gabriela Vinocur y Jorge Alberto Ragaglia.

Subcomandante Marcos "Cristina Kirchner representa la imagen que quieren los de arriba"

En entrevista difundida por el diario El Universal, el Subcomandante Insurgente critica a Garzón, a López Obrador y a otros políticos, no sólo a Chávez, como subrayan otros medios reproduciendo la versión de EFE
Políticos de América Latina

—Evo Morales.
—Tiene el gran reto de demostrar que es falso que el poder transforma a la gente honesta. Y nosotros decimos que el resultado de esa prueba va a depender del ancla que lo sustenta… el movimiento indígena. Su cercanía, su distancia con el movimiento que lo llevó al poder va a determinar su futuro. Todavía es pronto para hablar de Evo. A diferencia de Lula, que luego luego [enseguida] desilusionó, Evo todavía tiene el beneficio de la duda.
—Hugo Chávez.
—Está parado con un pie entre una política mediática, con improntas de caudillo, y con otro pie en el movimiento que está despertando en Venezuela, que está efectuando un proceso de transformación fuerte. Venezuela y Bolivia nos llaman la atención, y tratamos de seguirlos de cerca, sin explayarnos mucho hasta no saber bien qué onda, si es posible que un político se mueva al mismo tiempo "abajo y arriba". Nosotros decimos que en México no se puede. No decimos que en otras partes no se pueda. Pero vemos un problema: a veces nos enteramos de lo que pasa arriba, y otras no. Porque la historia que viene de arriba siempre viene editada por el protagonista, sea Chávez, Morales, López Obrador, o el que esté en esa historia. Y cada uno decide con quién saldar cuentas. A esto respondió el EZLN con la Sexta Declaración: ¿con quién vamos a saldar cuentas?, ¿con los intelectuales, artistas y científicos progresistas?, ¿o con la gente como nosotros? López Obrador respondió a esa pregunta, Chávez la responde a su modo, Evo Morales también, los Kirchner, cada quien dice con quién le interesa saldar su historia, y a eso le apuestan. Si no van a quedar bien con el de abajo, no les importa.
—Cristina Fernández de Kirchner. —Es la prueba de la política como fenómeno mediático. Ella representa la imagen que quieren los de arriba para el gobierno de toda América Latina. Mientras no se alteren las políticas económicas, está bien. Lo que ellos buscan es gobernantes que a diferencia de las dictaduras de los setenta controlen y reorienten la movilización social, y que se siga adelante con el proceso de destrucción, en este caso en Argentina.
—Fidel Castro.
—Fidel Castro es una pregunta fuerte para los historiadores. Es un hombre excepcional en todos los sentidos. Se puede criticar su lugar en la lucha del pueblo cubano, pero no se le puede negar. Quienes pensamos que los grandes procesos históricos son obra de pueblos enteros, no de individuos, no podemos negar que a veces aparecen hombres excepcionales. Uno de ellos es Fidel Castro. Otro es El Che.
—El Che.
—El Che se nos adelantó. Es el hombre de una generación que todavía no acaba de nacer. Y no me refiero a su lucha revolucionaria, sino al modelo ético de un ser humano dedicado a los demás. Y es que ni siquiera el cristianismo lo ha planteado de esa forma, y no sólo eso, sino las consecuencias que resultan de esa forma de pensar. Muchos dicen que la muerte salvó al Che de la desilusión, que, de no haber muerto, sería como cualquier otro. El hecho de su muerte marca su historia, por las circunstancias que la rodean, se discute si muere como un idealista o un utópico, y se olvida lo que había hecho antes.

Nota: La Fogata

Comunidades de las Salinas Grandes aguardan con expectativa las recomendaciones del relator de la ONU sobre derechos indígenas

Comunidades de las Salinas Grandes aguardan con expectativa las recomendaciones del relator de la ONU sobre derechos indígenas

Jujuy al día® – El Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya visitó el fin de semana las Salinas Grandes, donde se reunió con las 33 comunidades de Jujuy y Salta que, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demandaron a los Estados de Jujuy y Salta por la violación a sus derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, producido en el marco de los trabajos de exploración que llevaban adelante empresas interesadas en la explotación del litio.

El caso de Salinas concitó el interés particular del Relator James Anaya quien a mediados de este año recibió en Ginebra a representantes de comunidades y sus asesores legales. En ese marco, Anaya se había comprometido a venir a la Argentina.

El Relator en un informe del 11 de julio de este año, sobre “la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abordó casos de industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas. Allí Anaya había señalado que “las actividades de las industrias extractivas producen efectos que a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas”. El Relator entonces señaló que “los proyectos de extracción de recursos naturales (…) constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”, porque socavan habitualmente el derecho ala libre determinación de los pueblos indígenas en las esferas política, social y económica.

En su visita a la Argentina, Anaya, que es la máxima autoridad del sistema de Naciones Unidas en materia indígena, llegó a las Salinas Grandes donde las comunidades que participan de la demanda -aún no fue resuelta por la Corte- se expresaron y pidieron al funcionario que efectúe recomendaciones al Estado Argentino para que se efectivice el derecho indígena a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Estos derechos están garantizados por la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Indígenas, todos ratificados por el Estado Argentino.

James Anaya llegó en helicóptero al lugar denominado “Ojo del huancar” situado en el límite entre Jujuy y Salta. Allí lo aguardaban las comunidades con sus wipallas, su música, sus coplas y todos los ritos que son propios de sus culturas ancestrales.

Al arribar a ese lugar, Anaya anunció que tras escuchar las expresiones de las representantes indígenas de la región, efectuará un informe con recomendaciones al Gobierno argentino y al Sistema internacional para mejorar la situación de estas comunidades.

Resaltó el funcionario que la “Organización de Naciones Unidas tiene una especial interese en los derechos de los pueblos indígenas” lo cual –destacó- se ha expresado en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. En estos instrumentos, explicó a las comunidades, se reconocen “sus derechos a la libre determinación para poder decidir sus futuros, controlar sus propios territorios, participar en todas las decisiones que les afectan y poder determinar sus planes de desarrollo”.

Reconoció James Anaya que se ha avanzado en el reconocimiento de derechos indígenas, “ahora falta que estos derechos sean ejercitados día a día por ustedes. Esta es la gran tarea en la que están los pueblos indígenas del mundo. Ustedes debieran sentirse apoyados por ellos y por la comunidad internacional y mi presencia aquí representa ese apoyo”.

Anaya se comprometió ante las comunidades de las Salinas a receptar los aportes, estudiarlos y efectuar en función de ellos recomendaciones al estado argentino. “Voy a hacer todo lo que pueda para que sus derechos puedan ser reconocidos efectivamente” afirmó.

Anaya escuchó con atención los relatos de Clemente Flores, Liborio Flores, Benita Chácez, Verónica Chavez, Julio Valdivieso, Walter Alancay, entre otros dirigentes y a los asesores legales Alicia Chalabe, Enrique Oyarzábal y Rodrigo Solá quienes llevan adelante el recurso ante la Corte de Justicia Nacional.

Las exposiciones se centraron en la defensa del agua, un recurso natural escaso en esta región semidesértica y vital para las economías de subsistencia de las comunidades. La posibilidad de que se extraiga litio implica la utilización intensiva de agua que nutre la actividad agroganadera y además también implica el desequilibrio del sistema salino del que viven. “No queremos que esto se convierta en un desierto, no podemos permitirnos dejarles eso a nuestros hijos y no vamos a emigrar de acá, por eso vamos a defender nuestros derechos” dijeron.

Defendieron también a las salinas y la producción de sal que configuran un modelo de desarrollo económico ancestral. Denunciaron en ese marco los atropellos y amenazas de las empresas que realizan exploraciones mineras en busca de litio.

Otro reclamo central fue la devolución de los territorios que habitan desde siempre y en tal sentido requirieron que les sean entregados los títulos de propiedad comunitaria, tal como lo reconoce el derecho vigente. “Con la Constitución de 1994 se nos ha reconocido la propiedad de nuestros territorio, sin embargo estamos en el 2011 y se ha producido un avance minero sin que se haya concretado el reconocimiento de nuestras tierras” enfatizaron.

Pusieron de relieve los representantes indígenas que se les ha violentado el derecho a ser consultados y el derecho a un desarrollo con identidad propia.

Para estas comunidades el vínculo con la tierra es constitutivo de su identidad, porque la Pachamama es un espacio vital de realización. “Nos duele que rompan a nuestra Madre Tierra” dijo Verónica Chavez y resaltó que “nosotros no comemos ni bebemos litio, vivimos de la sal”. Denunció la dirigente que fueron amenazados por una empresa este fin de semana cuando se encontraban en un sector de la salina. “Le pido al hermano Anaya que lleve nuestras presencias en su corazón. Nosotros vamos a pedirle a la Pachita que le de fuerza para defendernos” cerró su intervención emocionada Verónica.

La abogada Alicia Chalabe por su parte le solicitó al Relator que incluya en su informe recomendaciones sobre el derecho a la consulta en los términos del derecho indígena y efectuó un pedido para que se implemente un mecanismo ágil de titulación y entrega de tierras. Su par, Enrique Oyarzábal, por su parte, explicó que en estos procesos es vital que se respete el derecho a la identidad y a un modelo de desarrollo que respete esa identidad. “Esta no es una discusión economicista, porque lo que está en juego con la explotación de litio es un modo de vida de pueblos con una cultura agrocéntrica” sintetizó.

Por su parte, el abogado Rodrigo Solá se refirió al derecho al agua de las comunidades y requirió al Relator que incluya una recomendación para que el estado Argentino garantice el acceso al agua desde la perspectiva del desarrollo con identidad”. También solicitó al Relator efectúe recomendaciones para que se garantice la seguridad, la integridad física, psicológica y cultural, de estas comunidades que vienen sufriendo amenazas por parte de las empresas. De hecho, ese mismo día en territorio jujeño de las salinas una patrulla policial de la Subcomisaría de San Antonio de los Cobres (Salta) a cargo del Oficial José Luis López, se encontraba en la zona por pedido de una empresa minera que le había solicitado el día anterior que intervenga porque miembros de las comunidades estaban afectando su derecho al trabajo.

La policía salteña no puede operar en la jurisdicción provincial jujeña, sin embargo estuvieron interceptando vehículos y pidiendo explicaciones del encuentro, cumpliendo el pedido de una empresa, sin que mediara denuncia alguna, según explicó el propio Oficial López al COAJ.

Al término del encuentro con el Relator James Anaya, las comunidades invitaron al funcionario y a sus colaboradores a participar del ancestral rito de darle de comer a la tierra. En ese lugar, donde hay un ojo de agua y con la Pacha abierta, todos se postraron en la tierra para pedirle que haya un futuro de mayor dignidad y respeto a los pueblos indígenas.

PRECISIONES SOBRE LA DEMANDA

En 2009, treinta y tres comunidades de Jujuy y Salta, ubicadas en la subcuenca de Guayatayoc, se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en el marco del boom del litio, advirtieron que se les estaban avasallando sus derechos a ser consultadas y a brindar su consentimiento previo, libre e informado en las cuestiones referidas a la gestión de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Concretamente, las comunidades aguardan que la justicia ordene a los gobiernos la implementación de mecanismos adecuados de participación y consulta a las comunidades aborígenes, en los expedientes administrativos en trámite, en los cuales se otorgaron permisos de exploración y/o explotación de minerales en la zona de la Sub-Cuenca Laguna de Guayatayoc – Salinas Grandes, de ambas provincias, en razón de la omisión de consulta previa e información y participación.

En el expediente judicial, un informe técnico efectuado a pedido del COAJ, por el Dr. En Biología Jorge Gonnet y el Dr. En Geología Aníbal Manzur determinó que las perforaciones realizadas en el marco de trabajos de exploración afectó un acuífero y destacó que “esta situación de inundación está afectando la condición natural de la salina en el sitio”. Los técnicos advirtieron entonces que “si la condición de urgencia se extiende en el tiempo, se generará una importante superficie de agua permanente, que provocará un impacto significativo sobre el sistema salino, afectando la posibilidad de explotación tradicional de sales”.

Las salinas constituyen un ecosistema único, que desde siempre provee a las Comunidades Indígenas de la zona de los recursos materiales necesarios para su sustento, por el trabajo y la producción de la sal.

Pero además, tanto o más importante que la dimensión material, es la relación entre los pueblos originarios y las salinas, porque reviste un carácter espiritual único: éstas son su hogar y su medio de subsistencia, el lugar en que descansan sus ancestros y dónde despliegan su identidad y su cultura. Allí, los pueblos indígenas desarrollan su vida en perfecta armonía con el medio ambiente, cuidando de no afectar el delicado equilibrio natural del que ellos mismos forman parte. Sin las salinas, condición necesaria de la existencia de las Comunidades Indígenas, éstas desaparecerían.