Periodistas, campesinos y pueblos originarios

Periodistas, campesinos y pueblos originarios

Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los periodistas y sobre la propia función periodística a partir del tratamiento que se da a campesinos y pueblos originarios.

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 Por Darío Aranda

La represión al pueblo qom de Formosa dejó en evidencia, una vez más, cómo funciona el periodismo en los grandes medios de comunicación.

Las radios, canales de televisión y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron inicialmente la represión como un enfrentamiento. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese fue el límite. En estos cinco meses, rara vez esos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.

En contraposición, los medios que actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Mostraron cómo todos los ámbitos del Estado nacional jugaron la gran mayoría de las veces contra la comunidad qom. Pero esos medios nunca citaron el fondo de la represión que se da contra campesinos e indígenas: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, contaminación, desalojos, y obliga también al corrimiento de la frontera sojera y ganadera. Esos medios son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.

El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.

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“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar”, definió Horacio Verbitsky.

Osvaldo Bayer recuerda a Rodolfo Walsh como referencia de periodismo: “Su voz de reportero iba descubriendo uno a uno los crímenes de una burguesía ávida y sin escrúpulos, las traiciones de esa misma burguesía al país, a la condición humana. Era un reportero que revolvía todo para encontrar la verdad, pero a la vez era el cronista que volcaba su investigación en crónicas para el pueblo. Fue el escritor de los rezagados, de los más humildes”.

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Los grandes medios de comunicación nunca tomaron en agenda a campesinos e indígenas, son los marginados mediáticos. Sólo la resolución 125 hizo posible que algunos periodistas de grandes ciudades comiencen a escuchar las denuncias de los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo de agronegocios. Pero aún así, rara vez toman como actores sociales y políticos a la pirámide de la Argentina rural.

Algunas hipótesis para explicar ese comportamiento. Además de los intereses comerciales y líneas editoriales de las empresas, hay motivos individuales. En las redacciones gana terreno un periodismo de escritorio que se resiste a abandonar el aire acondicionado o la calefacción, como si se tratara de empleados administrativos. Y es imposible conocer el acontecer rural si no se va al territorio.

En las redacciones también está presente una cuestión de clase social que hace negar (o dudar) el genocidio indígena (tan similar en sus prácticas a la última dictadura militar). Por eso no denuncian como violaciones a los derechos humanos los padeceres indígenas y por eso mismo no miden con la misma vara los asesinatos de la clase media urbana que las represiones contra los luchadores del campo profundo.

Los asesinatos de Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra (sólo dos referencias) fueron tapa de los grandes medios de comunicación y cada novedad se transforma en nota. No fue igual con el diaguita Javier Chocobar, la campesina Sandra Juárez y el qom Roberto López, asesinados por defender su territorio y cuestionar un modelo extractivo que festejan empresas y funcionarios, publicitan periodistas y padecen comunidades rurales.

A futuro: el avance extractivo (petrolero, minero y sojero, entre otros) continuará. La resistencia indígena y campesina también. La represión seguirá siendo la respuesta privada y estatal. ¿Qué harán los periodistas? Se puede estar de “un bando o del otro” del mundo mediático y político, y “tragarse sapos”. Pero hay otra opción: se puede ir al lugar de los hechos, hablar con los protagonistas y dar testimonio. No ser neutral ni objetivo, pero tampoco acomodarse a la conveniencia del medio de comunicación o del gobierno de turno. Y, sobre todo, no ocultar la realidad.

Comunidades Pehuenche dan ultimato al gobierno de Piñera

Comunidades Pehuenche dan ultimato al gobierno de Piñera

Andrés Figueroa Cornejo

Responsable de comunicaciones del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores de Chile (MPT-CHILE)

Adital

El domingo 8 de mayo, a las 9:00 hrs., comuneros del territorio pehuenche de Cunco y Melipeuco (a casi 750 kilómetros al sur de Santiago en la Región de la Araucanía), ocuparon predios usurpados del Fundo Arauco (Ferrari-Viñuela) y la Forestal Mininco, "en vista de la nula voluntad política del gobierno de cumplir con los pactos acordados con el Estado chileno”, señaló el vocero mapuche, Luis Igaiman. Sólo a las 18:00 hrs. abandonaron el lugar. El objetivo de la acción fue llamar la atención del Estado sobre las reivindicaciones territoriales incumplidas.

"Cunco y Melipeuco se están llenando de centrales de paso por las industrias forestales, mineras, pesqueras y aeropuertos”, afirmó Igaiman.

-¿Cuáles son las consecuencias para las comunidades?

"Impactan en el medioambiente, contaminan las aguas. Antes uno podía tomar agua en cualquier río sin problemas. Sin embargo, ahora ni los animales pueden beberla y nadie puede bañarse porque las aguas tienen productos extraños y un olor fétido. Cada vez resulta más difícil vivir aquí.”

-¿Y de dónde sacan agua en la actualidad?

"Nos abastecemos de pozos profundos. Pero ya estamos sufriendo una fuerte merma de los pozos, sobre todo en los sectores más altos y cerca de la Forestal Mininco. Sin agua se termina la fauna, la medicina, la cosmovisión, la ciencia, la filosofía nuestras. Para nosotros la tierra es nuestra madre y vivimos en armonía con ella.”

Luis Igaiman Morales explicó que las comunidades no quieren el territorio para explotarlo o venderlo. Apenas para vivir y cautelar su cultura castigada históricamente por el Estado de Chile.

EL PROCESO

La medida tomada por los comuneros no es impulsiva, irracional o improvisada. Luis Igaiman contó que "las comunas ya cumplimos, después de un año y medio de trámites, con la aplicabilidad y admisibilidad (ejecución de medidas y requisitos que pide la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI para la recuperación de parte de tierras mapuche). Además, José Viera Gallo, ministro de la Secretaría General de la Presidencia en el gobierno de Bachelet, se había comprometido al respecto con nosotros, firmando documentos y convenios a nivel general con las comunidades demandantes” y añadió que "por nuestra parte hicimos lo pactado, entendiendo que era un acuerdo de Estado, independientemente del gobierno de turno”.

-¿Y en qué consistía?

"En la entrega de tierras a 10 comunidades que ya tenían la tramitación realizada. En mi comunidad, por ejemplo, se trataba de la devolución de unas veinte hectáreas por persona. Pero con el actual gobierno todos los procesos se han ido truncando y no ha pasado nada. Hemos hecho todas las conversaciones formales y cumplido con los protocolos con las autoridades de CONADI. Pero nos dijeron que en 8 o 10 años más podría haber posibilidades, porque tenían un programa planificado para 20 años. La última reunión fue hace tres semanas atrás.”
LA DECISIÓN
No fue vana la iniciativa adoptada por los comuneros de Cunco y Melipeuco. El lunes 9 de mayo, al día siguiente de la ofensiva mapuche, llegó el gobernador de la provincia de Cautín, Miguel Mellado Suazo, y el subdirector de CONADI, Patricio Sáenz, a parlamentar con los pehuenche movilizados para tratar de controlar y poner paños fríos a la indignación originaria. Sin embargo, las autoridades luego de palabras corteses y vacías terminaron por excusarse por los incumplimientos, comunicando a los comuneros que para cualquier resolución debían primero consultar al Gobierno Central. Los originarios les dieron de 20 a 30 días de plazo para llegar con una respuesta concreta y se declararon en estado de alerta.

"Si no se llega a un acuerdo satisfactorio, simplemente continuaremos recuperando nuestras tierras. Y esto se va ir masificando. Va ir más allá de la comuna de Cunco porque existe un descontento generalizado de parte de las comunidades”, sentenció Luis Igaiman.

Mayo 10 de 2011.

Los qom y la (nueva) decadencia de Occidente

IPS Karl Marx | 9 mayo, 2011 |

Presentamos a continuación un artículo sobre el conflicto protagonizado por la comunidad Qom, enviado por Eduardo Grüner, a quien agradecemos por el aporte.

1. ¿Cuántas historias hay en la Historia? Desde 1492, una sola: se ha naturalizado que la Historia –y ni siquiera toda ella, sino la de las clases dominantes- de la humanidad es la historia de una pequeñísima porción de ella (véase cuánta superficie ocupa Europa en el mapamundi), y la de una concepción, o una “filosofía”, de la historia, que es muy pero muy reciente (no más de 500 años: para la historia total de la humanidad, como decir hace cinco minutos). Con una típica operación de fetichismo ideológico, esa pequeña parte se ha transformado en el sentido común del todo . En nuestras escuelas secundarias, por ejemplo, se sigue enseñando la “Edad Media” como uno de los grandes períodos de la Historia: los grandes terratenientes y la servidumbre de la gleba, los conflictos de la aristocracia feudal con la monarquía centralizadora, los de esta última con el papado, las cruzadas y las guerras de religión, etcétera. Todas cosas, evidentemente, que no pueden faltar en la formación de un adolescente. Ahora bien: ¿qué diantres puede querer decir todo esto para los bantú del África subsahariana, para los chipaya del altiplano boliviano, para los tunguses de la estepa siberiana? Es decir –si continuáramos la lista de todas las sociedades y culturas históricas que no han atravesado aquellos procesos- de algo así como el 90 % de la humanidad (incluyendo a una buena parte de Europa, especialmente oriental, cuyo “feudalismo” fue radicalmente distinto al de Inglaterra o Francia). En fin, que una pequeñísima porción de esa humanidad, como decíamos, ha logrado construir la “evidencia” de que su historia es la Historia sin más. Esto solía tener un nombre prestigioso, más o menos acuñado por Gramsci: “hegemonía cultural”. Semejante hegemonía –que afecta nada menos que a toda nuestra mismísima idea de la historia en su conjunto- sólo pudo imponerse gracias a la conquista y la colonización multisecular, que “redondeó” al mundo “bajo la mirada de Occidente” (para citar un famoso título de Joseph Conrad). A esta altura, ya no hace falta seguir argumentando el carácter genocida de esa (bien llamada) “empresa”: un genocidio “objetivo” que es el más gigantesco que haya conocido la historia humana, causando el desastre no sólo de un continente, sino de dos, ya que tal “empresa” incluyó asimismo la catástrofe demográfica de buena parte de África mediante la esclavitud. Pero quizá sí sea necesario seguir argumentando las diversas formas en que ello implicó también un no menos gigantesco etnocidio o “culturicidio”. También fueron “colonizadas”, y en muchos casos directamente “desaparecidas”, las otras lógicas históricas, culturales, económicas, políticas, religiosas, artísticas o poéticas que esa diversidad casi infinita de sociedades representaban. Esa primera “globalización” empobreció la variedad civilizatoria con su unificación forzada bajo la lógica hegemónica y bajo el tiempo “homogéneo y vacío” (diría Walter Benjamin) de la expansión mundializada del Capital. Como afirma, si bien refiriéndose a la destrucción del politeísmo, Sergio Bergallo, en un notable libro titulado La Destrucción de los Dioses : “Milenios de sabiduría, de caminos abiertos para el género humano, fueron literalmente sepultados”.
2. Entre esos “caminos abiertos” ahora sepultados estaba, por supuesto, el de los qom / tobas, así como el de cientos y cientos de esos pueblos que, en efecto, estaban ab origine (en el comienzo). Allí había, por ejemplo, mitologías y cosmogonías que no por no responder al logos hoy totalmente tecnificado de la ciencia moderna dejaban de bucear en el sentido de un universo enigmático. Pero también había –porque para ellos formaba parte de una totalidad compleja y diversa pero integral- formas de producción, de cooperación social, de organización política y económica sustantivamente democráticas que incluían un profundo respeto por la tierra y la naturaleza, y que eran desde ya estructuralmente incompatibles con el avance del capital agrario transnacionalizado, de la invasión sojera, de la minería contaminante, de la especulación territorial y financiera global. Tenían que ser sepultadas, y lo fueron. Se perdió así un “modelo”, entre tantos otros posibles, radicalmente alternativo a “lo que hay”. Un modelo que –como explicaba el heterodoxo antropólogo francés Pierre Clastres- no es el de una sociedad sin política, sino el de una sociedad contra la política entendida como el gerenciamiento represivo de los negocios de las clases dominantes; no una sociedad sin “excedente de producción”, sino contra el excedente de producción que implica la mercantilización de todo lo existente y el consumismo desenfrenado. Que se nos entienda bien. No se trata de hacer demagogia romántica, de alucinar un retorno a algún paraíso del “buen salvaje” (que bien puede ser la versión “progre” del etnocentrismo colonial). Pero sí de entender, mediante el “caso” qom, tomándolo como “analizador”, que en nuestro planeta puede haber otras cosas que el “modelo” capitalista / neo-desarrollista, que podrá tener algunas ventajas respecto del neo-liberalismo conservador más (él sí) “salvaje”, pero que no por eso deja de pertenecer a la misma lógica de destrucción de lo que no se someta a ella. Las comunidades qom –así como tantas otras, insistimos- han perdido la mayor parte de sus tierras, han sido dispersadas, “desterritorializadas” (como gustan decir los “pensadores” postmodernos, creyendo que eso es siempre algo bueno; y quizá lo sea…en París); sus miembros se han visto obligados a “ingresar” al mercado de superexplotación de la fuerza de trabajo. Por la puerta más chica, claro: en general, pasando a formar parte de la ocupación “informal” (una palabra repugnante por su frivolidad: como si se dijera que se visten “informalmente”), es decir fuera de los “beneficios” del mundo laboral, “informalidad” que todavía está rayana en cerca del 40 % de la fuerza de trabajo. Eso, en el mejor de los casos; en el peor, condenados al hambre, la miseria, la desesperación dentro del (in)mundo. Y, como se ha visto en los últimos meses, al asesinato sumario. Caídos en lo peor de todos los infiernos: tras el despojo, el racismo, y tras este el desclasamiento, aún antes de haber entrado a su nueva “clase”, y finalmente la liquidación física. El punto de cruce perfecto entre la “historia” de medio milenio de genocidio y la “modernidad” de la explotación de clase más “moderna”. Lo de los qom no es una anécdota, o un conflicto coyuntural: es un símbolo universal.
3. En este diario, en las últimas semanas, se publicaron dos muy atendibles artículos sobre el problema qom, a cargo de Washington Uranga y de Mempo Giardinelli respectivamente. Son atendibles, entre otras razones, porque sus autores se declaran simpatizantes, en muchos aspectos, del actual gobierno argentino. Sin embargo, no retroceden ante el imperativo de una dura crítica a las máximas autoridades de ese gobierno por su silencio ante las justísimas demandas qom. Es un rasgo de encomiable consecuencia, o, como se decía en otras épocas, de coraje cívico (a Giardinelli, nos enteramos ahora, le costó la “desinvitación” a la Feria del Libro formoseña). Demuestra que un intelectual puede y debe ir más allá de sus adhesiones inmediatas cuando hay que poner el dedo en una llaga dolorosa. Pero me permito, muy humildemente, proponer que hundamos el dedo a fondo. Hasta el codo. Y me temo que entonces tendríamos que decir algo bien antipático y aguafiestas: con cualquier variante del actual “modelo” de acumulación capitalista mundial –y nuestro país sigue estando, con sus peculiaridades, allí, ¿o no?-, el problema qom no tiene solución de fondo posible. Las autoridades nacionales –aunque no en la persona de la presidente- finalmente los han recibido, y ellos han levantado (si bien no está claro en qué condiciones) el campamento. Se puede, y se debe , pelear para que, además, los escuchen en serio , les den, como dijo Uranga, la razón que ya tienen, les devuelvan sus tierras, lo que fuera. Tal vez, incluso, todo eso se consiga –aunque habrá que luchar muchísimo-. Pero en algún momento nos encontraremos con un paredón infranqueable: en lo inmediato, será con el sistema de alianzas políticas y económicas que esas autoridades no parecen muy dispuestas a romper, incluyendo a alguna gobernación que es por lo menos políticamente responsable de los despojos y las muertes; en lo más mediato, con aquel “modelo” de acumulación que lleva inscriptos constitutivamente estos agujeros negros (el de los qom es sólo uno) que está “por naturaleza” incapacitado para cerrar. La “mancha” qom sobre la 9 de julio representó un corte a los entusiasmos desmesurados y acríticos. Es así. Habrá que hacerse cargo, y extraer las consecuencias que cada cual crea pertinentes.
4. En todo caso, hay una de esas consecuencias que ya no se puede ocultar más: el Occidente capitalista del cual seguimos, con los matices que se quieran, formando parte –no se ha escuchado todavía que el “modelo” contemple la alternativa de lo que Samir Amin llamaba la “desconexión”- está entrando en estado de crisis terminal, como se puede leer todos los días en las noticias europeas o norteamericanas. El colapso económico –que aceleradamente, también todos los días, precipita en la pobreza a las masas más desprotegidas de los imperios- se combina siniestramente con la exacerbación del racismo, frecuentemente homicida, contra la inmigración proveniente de aquellas otras “historias” que esos imperios fagocitaron. Ellos tienen sus propios qom. Mientras tanto, las cosas realmente interesantes, la posibilidad de nuevos “caminos abiertos”, también se está gestando en ese “afuera” de las otras historias, aún con todas sus contradicciones, incertidumbres, brumosidades: en las rebeliones del mundo árabe (que también son, o pueden devenir, rebeliones contra ese occidente capitalista que durante décadas sostuvo a los déspotas sobre sus barriles de petróleo: eso no pasa por los dislates terroristas a lo Bin Laden con los que se intenta desviar la atención), o en los esfuerzos latinoamericanos –ante todo de los pueblos, más que de los gobiernos- por interrogar críticamente todo lo que en las últimas décadas parecía no tener vuelta, y por recuperar la multiplicidad de sus historias plurales. Tal vez el camino, alguna vez “abierto”, del occidente único amo de la Historia haya empezado también a sepultarse, esta vez por sus propias manos. Ojalá –porque no es cuestión de celebrar ningún desastre de manera unilateral e irresponsable- que de ese hundimiento podamos rescatar los caminos que siempre permanecerán abiertos si sabemos recorrerlos a nuestra propia manera: los de Homero, Shakespeare, Miguel Ángel o Beethoven, por decir algo. Y de los qom.

SOJA SI INDIGENAS NO

“No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas”, advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.

Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
Extranjerización
Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?
No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días). Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.
Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difíciles de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.
La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticas: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.
Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,LDC-Dreyfus, Cargill, AGD y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal.
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familia. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.

La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
País serio
“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuentan con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.
Aviso
Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.
Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.
Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.
Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: “Son las contradicciones del modelo”.
Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el más evidente es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicará las consecuencias ambientales y sociales.
La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e indígenas.
Decisiones
A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.
A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el único espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la acción del presidente del Inadi, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo de la vicepresidenta a María Rachid).
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.
Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.
“El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”, afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.
Unidos contra los Qom
Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al mínimo.
La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.
No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.
Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.
La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los Qom. “Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.
“Distinta vara” suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.
A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de precesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa.
Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.
El cómodo oficio de ocultar
“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda”. Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.
La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación.
Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
El “periodismo militante” de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.
El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer, visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.
El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado “Insfrán participó de encuentro multiétnico e inauguró obras”. Dio cuenta de que 6.000 aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos de indígenas: “Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios”.
El último párrafo no deja dudas. “(Los indígenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos”.
Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial, edición o, también, porque la información no es verdad.
El cable de Télam no fue firmado por el redactor.
“Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también”, dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se arriesga una definición. “Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda”.
Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas. “¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (…) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura también nosotros.”
El juego a la derecha
Muchas críticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras más o menos, “le hacés el juego a la derecha”.
La represión al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descargó en un texto de opinión (http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/) que circuló entre amigos y compañeros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser “funcional a la derecha”.
A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.
No hay acción de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea –y este Gobierno ha tomada varias–) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.
“No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas”, advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.
Derechos Humanos
Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.
Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que los víctimas de la última dictadura militar.
Pero su genocidio aún es negado.
“Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.
La Red de Estudios afirma que aún hoy pesa sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.
A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasará a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negado por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”. http://www.ecoportal.net/
Darío Aranda, Mayo 1, 2011- Argentina - http://darioaranda.wordpress.com/

Jujuy.El SAQUEO ANUNCIADO: LA EXPLOTACION DEL LITIO EN LA PUNA QOLLA ATAKAMEÑA

La inminente intensificación de los estudios exploratorios en los ricos yacimientos puneños que contienen Litio a dado un paso más con el respaldo del gobierno nacional, en la persona del ministro de Ciencia, Tecnologia e Innovación Productiva, Lino Barañao, a las últimas movidas del gobierno de Jujuy para posicionarse como actor interesado en las nuevas invasiones empresariales que ya se anuncian sobre nuestros bienes comunes; esta vez han puesto el ojo en el mineral de Litio, considerado estratégico en las nuevas batallas energéticas que la modernidad global pretende instalar sobre las recurrentes crisis de los combustibles fósiles.

 Por Fernando Rovelli. Grupo de reflexión Rural

La estrella minera del Litio nos ensombrece a todos los norteños, de Jujuy y Salta, pero también de Chile y Bolivia. Es sabido que nuestra puna andina posee los más ricos yacimientos del Planeta y ya comenzaron las maniobras transnacionales para el control de la energía que duerme en el suelo de nuestros pobres Estados Nacionales.

Una inmensa superficie de salares y arenales ,que siempre han dado sustento a las antiguas culturas de la meseta andina, ingresa en la etapa de explotación intensiva y saqueo planificado, que, como ya ha sucedido tantas veces, no dejará más que inmensos piletones residuales y aguas contaminadas, llevándose también, el frágil equilibrio de las comunidades ancestrales que habitan esas áridas regiones.

Empresas japonesas, canadienses, australianas, comienzan a recorrer los antiguos senderos, mueven los resortes ministeriales y prometen grandes negocios que cambiarán, seguramente, la vida de los pueblos y los ecosistemas.

Nos quieren convencer de entrar en la modernidad y el crecimiento, nos hablan de nuevas tecnologías y cuidados ambientales, nos pintan un futuro de pleno empleo y buenos sueldos. El modelo minero sabe cómo convencer y tiene como hacerlo. Los más interesados, lamentablemente, son los funcionarios estatales, encandilados por los cálculos de potencialidad productiva y las cifras monetarias que les presentan en un reparto que ya ha comenzado, y donde los originarios habitantes, van a recibir el derrame de las riquezas extraídas, sin otra posibilidad que aceptar la lógica del mercado. El Litio no está solo, se encuentra mezclado con otros minerales en proporciones diversas, y las tareas extractivas necesitan agua en inmensas cantidades para decantarlo y concentrarlo. Una locura propia de estos tiempos modernos, allí donde el agua es un bien tan preciado para la vida, donde cada manantial y cada surgente son sagrados, donde la costra de sal es trabajo y sustento para muchos, irán apareciendo inmensos diques de cola , tajos profundos y anchurosos, que van a modificar para siempre al hombre y al paisaje.

A los puneños no se les ha consultado, nadie les ha preguntado sobre sus destinos y el de su descendencia, nunca han podido obtener la titularidad de sus tierras comunales, pero deberán enfrentar nuevas promesas de mejorar las escuelas, los puestos de salud, algunas viviendas y televisión digital, deberán callar ante los discursos de progreso y crecimiento, el silencio del hombre y del paisaje será su única resistencia ante el invasor empresarial. Los que venimos luchando contra los monocultivos que producen agro combustibles para los tanques de los automóviles europeos en lugar de alimentos, veremos también llevarse el Litio para las baterías de sus coches y celulares. Seguimos siendo un país colonizado que entrega sus materias primas a cambio de muy poco y torcer ese destino es la tarea pendiente que nos compromete a defender el suelo de la Puna y no permitir el despojo minero que ya nos está desarraigando.

Fuente: www.copenoa.com.ar