Informe reafirma necesidad de la soberanía de los pueblos indígenas en sus territorios

18.02.11 - Mundo

Informe reafirma necesidad de la soberanía de los pueblos indígenas en sus territorios

Natasha Pitts

Periodista de Adital

Adital

La estrecha y especial relación de los pueblos indígenas con sus tierras fue reconocida en informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, reconoce que el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la tierra y a los recursos naturales abre las puertas para garantizar otros derechos básicos.

En su informe, la Comisión Interamericana señala que "la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra”.

Queda claro el reconocimiento de que el modo de vida único y la cosmovisión de los pueblos indígenas y tribales están basados en una relación muy estrecha con sus tierras ancestrales. La CIDH afirma, inclusive, que estos territorios son factores primordiales para la vitalidad física, cultural y espiritual de los pueblos.

A pesar de embestidas nacionales y extranjeras contra las tierras tradicionales, por ser ricas en bienes naturales, el informe señala que no es necesario un título de propiedad para estas tierras, pues, "para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.

El hecho de que comunidades indígenas y tribales tienen preservadas sus tierras ancestrales es una garantía casi plena de que su lengua, culinaria, sus costumbres, valores, conocimientos, artes, rituales, filosofía, modo de vestir y de ser, de relacionarse con la naturaleza van a ser mantenidos y pasados a las nuevas generaciones.

De esta forma, en el informe, el derecho a la propiedad es colocado como un prerrequisito para el usufructo de derechos básicos, como son: el derecho al agua, a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, derecho a la salud, a la vida, al honor y a la libertad de consciencia, religión, movimiento y resistencia. Por este motivo, son tan recurrentes las manifestaciones indígenas de reclamo a los Estados para que su derecho a tierra sea respetado.

Aún teniendo la obligación de revisar su legislación para garantizar que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se cumplan de acuerdo con lo establecido en los instrumentos internacionales, los Estados aún no cumplen. Constantemente, se ofrecen concesiones a empresas nacionales y transnacionales para que tierras indígenas sean investigadas, estudiadas y explotadas sin el consentimiento de los afectados.

"(...) los Estados están obligados a abstenerse de adoptar medidas legislativas o administrativas de carácter regresivo que puedan afectar el disfrute de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Además del fuerte llamamiento por el respeto de las tierras de los pueblos indígenas y tribales, en sus nueve capítulos, el informe define a los pueblos indígenas y tribales; señala las obligaciones estatales frente a estos pueblos; explica los derechos de propiedad indígena y tribal; esclarece el contenido específico de estos derechos de propiedad sobre los territorios, entre otras contribuciones.

El documento puede ser leído completo aquí: http://www.politicaspublicas.net/panel/attachments/article/729/2011-cidh-informe-tierras-ancestrales.pdfb

No a la judicialización de los que pelean contra las compañías mineras en Cochinoca!!!

No a la judicialización de los que pelean contra las compañías mineras en Cochinoca!!!

En el año 2007 se celebró el Día nacional de la minería en Mina Pirquitas, Jujuy, de este modo el gobierno provincial anunciaba que se reanudaba la actividad minera después de la década del 90 donde fueron varias las minas que dejaron de funcionar dejando un tendal de desocupados y contaminación. Allí estuvieron presentes funcionarios, empresarios y sindicalistas festejando el inicio de una nueva etapa esta vez  con la modalidad de minería a cielo abierto (prohibida en Turquía, República Checa, Nueva Gales del Sur, Australia, Alemania, Costa Rica). En aquel momento diferentes comunidades originarias se manifestaron en contra, este reclamo fue contenido mediante una mesa de negociación propiciada por dirigentes indígenas que eran también miembros de  ONGs como Warmi Sayajsunko, Red Puna etc. En esta mesa el reclamo se perdió entre los salones de la Facultad Ingeniería que legitimaba con un manto “científico” la postura de las mineras.

A tres  años de aquello hoy se comienzan a sentir las consecuencias del gran negocio de las compañías mineras. Las comunidades denuncian la escasez del agua para consumo humano y cultivos, la muerte de su ganado, el aumento de casos de cáncer entre niños y mujeres, invasión a su territorio para realizar cateos, prospecciones o exploraciones.

Por ello, en el mes de julio el Consejo de Comunidades Kollas de Cochinoca resuelve sostener la postura del No a la Mineria  a Cielo Abierto. Como una de las medidas se formó una comisión de referentes para elaborar un proyecto de ordenanza de prohibición de la minería a cielo abierto que en noviembre fue aprobada en forma unánime por los concejales del PJ y la UCR. Ariel Machaca, intendente kirchnerista, siguiendo la política pro-minera de los gobiernos de Cristina K y Barrionuevo vetó esta ordenanza, a contramano de sus propios concejales. A raíz de esto el jueves 13 de enero las comunidades y vecinos movilizaron a la intendencia abrapampeña exigiendo la anulación de este veto.

Diferentes organizaciones  entre ellas la Agrupación Docentes de Base Jujuy apoyamos activamente su reclamo. A raíz de la movilización se quebró este veto y quedó en vigencia la ordenanza. Después de esto, el intendente radicó denuncias policiales contra 15 manifestantes, días después declaró públicamente que judicializará la protesta para anular el decreto donde derogaba el veto. Es decir una continuidad de la política k de perseguir a los luchadores, como hicieron en 2010 con los docentes y estatales que hicieron y paro y lucharon, en este caso en un pueblo como Abra Pampa, que debería llamarse, capital de la contaminación minera donde el 81 % de los niños tienen valores elevados de plomo en sangre fruto de la voracidad de los capitales mineros.

Desde Docentes de base apoyamos la autodeterminación  de los pueblos y naciones originarias sobre sus territorios y por lo tanto las decisiones que tomen sobre ellos. También denunciamos a las empresas mineras que buscan aumentar sus ganancias tanto con la explotación irracional y contaminante de los recursos naturales, como la de los de los obreros que soportan extenuantes jornadas de trabajo a cambio de salarios miserables como denunciaron hace un año los mineros del Aguilar. Denunciamos al gobierno cómplice de Barrionuevo que promueve y legitima junto al gobierno de Cristina esta explotación entregando ilimitadamente las tierras a las empresas, también a la oposición de la UCR que votaron por unanimidad junto con el PJ el año pasado la ley minera provincial que otorga más beneficios a las empresas, promoviendo ahora la explotación de litio. Mientras niegan la propiedad territorial al pueblo Kolla. Defendemos el derecho a la protesta y repudiamos la persecución judicial a los luchadores indígenas, obreros, sociales.

No podemos confiarnos en los concejales, ya que son de los mismos partidos que apoyan las leyes a favor de las empresas mineras. Por eso para que no veten de nuevo la ordenanza municipal y seguir peleando por una salida de fondo a la contaminación de las empresas mineras que siguen operando en toda la provincia, es necesario preparar una fuerte y amplia organización de las comunidades, el pueblo trabajador y los jóvenes en toda la provincia; una organización desde las bases e independiente de los políticos del PJ y la UCR , una organización capaz de ganar la simpatía y la participación de los trabajadores mineros. Es necesario sacarlos de las manos de los empresarios y dirigentes sindicales, que los extorsionan con mentiras, como que van a perder el trabajo. Son los mineros, por sus conocimientos y el rol central en la actividad minera, quienes pueden elaborar las bases de un plan para desarrollar una minería no destructiva, enfrentando a los empresarios explotadores y responsables de la contaminación.

Hacemos un llamado a las distintas organizaciones sociales, políticas, organismo de DDHH, a la juventud, a rodear de solidaridad la lucha de las comunidades contra los grandes capitales mineros y contra la judicialización de la protesta. Es necesario también que las directivas de los gremios docentes, estatales y privados organicen a las bases para sumar su apoyo activo.

 AGRUPACION DOCENTES DE BASE JUJUY

El Silencio oficial: ese aliado del terror autoritario

"OPINIÓN" Fundación Deuda Interna

lunes 31 de enero de 2011

El Silencio oficial: ese aliado del terror autoritario

*por Emilio Iosa

"Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos"

MARTIN LUTHER KING

Participar por unos días del campamento montado en la Capital Federal por los hombres y mujeres Qom de la comunidad La Primavera ha sido para mí una enseñanza de vida y un aprendizaje político. Porque justicia a secas es lo que reclama la comunidad Qom.
Ese tipo de reclamo que, si es sincero, con el correr del tiempo repele a todas las moscas y atrae a las abejas.
Al principio de la protesta se acercó a desfilar presurosa toda la comparsa política con sus mesiánicas promesas incumplidas.
Luego, los iluminados de siempre, que de derecha a izquierda intentan apropiarse de cuanta lucha se acomode a sus propios intereses, con el objetivo obsceno de utilizar el sufrimiento ajeno para posicionarse políticamente.
Pero las moscas no se quedan demasiado tiempo en un lugar donde la pureza del reclamo les impide exhibir toda su colorida carcasa exterior y es así como pronto vuelan a buscar algún sitio más propicio para realizar su cotidiana tarea de eficaces descomponedores.
El poder político de turno en cambio, en el inquilinato de un estado genocida, hace silencio.
Con su colorida mano izquierda manda a descolgar el cuadro del dictador Videla de la ESMA, mientras que con la derecha continúa lustrándole las botas del General Roca, a quien rinde veneración en monumentos y billetes, salvaguardando el status quo instaurado por el Estado Argentino hace más de ciento cincuenta años.
El gobierno es una anécdota en la estructura del estado, pero su silencio al respecto de la brutal represión sufrida por la comunidad Qom La Primavera en la Provincia de Formosa y ordenada por un aliado del poder, es hasta ahora el mejor de sus discursos.
A ese silencio se pliegan todos los que, por una u otra razón, prefieren abstenerse de tomar una posición apresurada. ¿Progresismo conservador?
Silencio. Tal es la estrategia de oratoria que ha elegido la presidenta de la nación para dejar en claro que si el General Perón no respondió a los reclamos del Malón de la Paz y ocultó la masacre hacia el Pueblo Pilagá en Rincón Bomba, ella no tiene más que hacer lo mismo.
Para tranquilidad de algunos ciudadanos adeptos al bipartidismo argentino, un gobierno radical hizo lo suyo con los Pueblos Originarios en Napalpí, perpetrando y ocultando luego, una de las más grandes masacres argentinas del siglo XX. Todas aún impunes.
¿Entonces por qué el silencio? ¿Cuál es el hilo conductor que une esos sucesos con los de la actualidad?
Políticamente muy simple. Otra vez los derechos humanos vienen de la mano de la más indeseable de las compañías: la tierra.
El poder económico nacional y transnacional pudo tolerar que se investigue la situación del último golpe porque no implicaba discutir territorio ni recursos naturales.
El problema coyuntural y político más importante surgido de los disparos ordenados por el gobierno de Formosa, es que esta vez los derechos humanos vienen de la mano de esa indeseable compañía.
La presencia de dirigentes del pueblo Wichí firmantes del primer manifiesto Wichí y del documento TIERRA (Tratado Interétnico para la Refundación de la República Argentina) que disponiendo de un pasaje de ida abandonaron sus comunidades con destino a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo transparente de brindar apoyo a hermanos de otra etnia, creo que debe ser leído como uno de los gestos políticos más importantes entre los Pueblos Originarios de la actualidad.
Porque ese viaje desde Salta a Buenos Aires sin un centavo, contrasta con la postura del gobierno, que tiene tirados a los hermanos Qom en una plaza a escasas cuadras de la casa rosada y hace ya dos meses que no se decide a atenderlos.
Pero la historia no se detiene porque camina con mil pies y es así como estos hermanos y todos aquellos hombres de bien que quieran vivir en paz y en armonía con la tierra, alzarán sus voces y como abejas a la miel, se sumarán al justísimo reclamo de los Pueblos Originarios de Argentina.

*Emilio Iosa
Presidente de Fundación Deuda Interna
emilioiosa@deudainterna.org